viernes, 4 de septiembre de 2009
LA MAFIA MEDICA
Se expone por una parte, la errónea concepción de la salud y la enfermedad que tiene la sociedad occidental moderna, fomentada por esta mafia médica que ha monopolizado la salud pública creando el más lucrativo de los negocios. Además de tratar sobre la verdadera naturaleza de las enfermedades, explica cómo las grandes empresas farmacéuticas controlan no sólo la investigación sino también la docencia médica, y cómo se ha creado un Sistema Sanitario basado en la enfermedad en lugar de en la salud, que cronifica enfermedades y mantiene a los ciudadanos ignorantes y dependientes de él. El libro es pura artillería pesada contra todos los miedos y mentiras que destrozan nuestra salud y nuestra capacidad de autorregulació n natural, volviéndonos manipulables y completamente dependientes del sistema.
Cuanta razon tiene este señor al revelar todo esto concretamente a la opinion publica y creo que hasta ahora me doy cuenta de la gravedad del asunto, asi como tambien estoy segura que aún hay muchos allá afuera en la calle que estan mal informados realmente este modo.Pero tambien hay algo que me sorprende bastante y tal vez pudiera ser otra critica personal y una clara deficencia del gobierno que aun en estos tiempos y peor aun con un estado que se jarta de pronunciar la palbra democracia, todos sus entes y sectores que no estan claramente afirmado no sean y/o esten democratizadas y esto nos retraza y retraza cada dia mas en un objetivo que es conseguir nuevos desempeños dia tras dia e ir avanzando en tecnologia y otros aspectos.Tambien para mi y creo para el ciudadno en común lo que mas preocupa es el factor violencia ya que este flagelo mas que tratar de acbarlo lo infundimos en otros entornos y en otros medios que ahora y en futuro sea cada vez mas dificil de controlar.
LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
La medida se implementa en vista de que el incremento del crudo fue compensado por la revaluación registrada en la tasa de cambio.
Esa situación hace que los precios internos estén por debajo de los precios internacionales, (158 pesos por galón para la gasolina y 536 pesos por galón para el acpm), pero no se aplicarán alzas a los usuarios debido a que el Gobierno está utilizando los recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.De esa manera, para la gasolina en Bogotá el precio de referencia por galón, incluida la sobretasa, es de 7.073,49 pesos. Para el Acpm el precio de venta por galón es 5.829,75 pesos. De otro lado, el Ministerio informó que, empezó con la distribución de la mezcla del Acpm con el biodiesel en un 7 por ciento en Antioquia y Chocó.
Esa situación hace que los precios internos estén por debajo de los precios internacionales, (158 pesos por galón para la gasolina y 536 pesos por galón para el acpm), pero no se aplicarán alzas a los usuarios debido a que el Gobierno está utilizando los recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.De esa manera, para la gasolina en Bogotá el precio de referencia por galón, incluida la sobretasa, es de 7.073,49 pesos. Para el Acpm el precio de venta por galón es 5.829,75 pesos. De otro lado, el Ministerio informó que, empezó con la distribución de la mezcla del Acpm con el biodiesel en un 7 por ciento en Antioquia y Chocó.
CHUZADAS DEL D.A.S
Hay revuelo en la Casa de Nariño. El fantasma de las interceptaciones telefónicas ilegales ronda de nuevo. Y el DAS vuelve a situarse en el ojo del huracán. Hace 21 meses el país se escandalizó al conocerse que, sin órdenes judiciales, desde la Dirección de Inteligencia de la Policía se estaban ‘chuzando' teléfonos de influyentes políticos de oposición, periodistas, abogados y hasta parapolíticos. El asunto fue tan grave que causó remezón en la Policía y 11 generales fueron descabezados. El espectro de los ‘chuzados' regresa, pero esta vez es el círculo de confianza del presidente Uribe el escuchado.
"La interceptación ilegal e injusta, violatoria de la ética democrática, en contra de la libertad de los ciudadanos, de su intimidad, de su libertad para expresar sus ideas políticas, para adelantar su tarea periodística, es una ofensa al Estado de Derecho, es un constreñimiento a la libertad que debemos garantizar a cada ciudadano. ¡Que se acabe ese vicio de creer que la libertad es para que el funcionario abuse y constriña la libertad del ciudadano. Eso no puede darse más en nuestra Patria!", advirtió el presidente Uribe en aquella época. Sin embargo, las interceptaciones telefónicas ilegales siguieron su curso.
Ahora a la Casa de Nariño llegaron preocupantes versiones de que los secretarios general y jurídico de la Presidencia, Bernardo Moreno y Edmundo del Castillo, fueron interceptados durante mucho tiempo de manera ilegal. No es lo más grave. Informaciones preliminares advierten que entre los ‘chuzados' hay magistrados de altas cortes y dos nombres en particular: Francisco Javier Ricaurte e Iván Velásquez Gómez. El primero es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y el segundo, nada más y nada menos, que el coordinador de investigaciones de la parapolítica en el alto tribunal.
El Espectador dialogó con altos funcionarios de la Casa de Nariño quienes corroboraron la desazón y la vergüenza que produce que el organismo de inteligencia de la Presidencia sea precisamente su verdugo, el que durante meses ha venido escuchando secretamente todas y cada una de las conversaciones íntimas que han tenido. "Imagínese, el DAS ‘chuzándonos' a nosotros. Es el mundo al revés", dijo a este diario un hombre de la guardia pretoriana de la Presidencia. Y agregó: "Es gravísima la podredumbre del DAS. No puede ser que sigan sucediendo estas cosas, más graves aún si son magistrados los ‘chuzados'".
"La interceptación ilegal e injusta, violatoria de la ética democrática, en contra de la libertad de los ciudadanos, de su intimidad, de su libertad para expresar sus ideas políticas, para adelantar su tarea periodística, es una ofensa al Estado de Derecho, es un constreñimiento a la libertad que debemos garantizar a cada ciudadano. ¡Que se acabe ese vicio de creer que la libertad es para que el funcionario abuse y constriña la libertad del ciudadano. Eso no puede darse más en nuestra Patria!", advirtió el presidente Uribe en aquella época. Sin embargo, las interceptaciones telefónicas ilegales siguieron su curso.
Ahora a la Casa de Nariño llegaron preocupantes versiones de que los secretarios general y jurídico de la Presidencia, Bernardo Moreno y Edmundo del Castillo, fueron interceptados durante mucho tiempo de manera ilegal. No es lo más grave. Informaciones preliminares advierten que entre los ‘chuzados' hay magistrados de altas cortes y dos nombres en particular: Francisco Javier Ricaurte e Iván Velásquez Gómez. El primero es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y el segundo, nada más y nada menos, que el coordinador de investigaciones de la parapolítica en el alto tribunal.
El Espectador dialogó con altos funcionarios de la Casa de Nariño quienes corroboraron la desazón y la vergüenza que produce que el organismo de inteligencia de la Presidencia sea precisamente su verdugo, el que durante meses ha venido escuchando secretamente todas y cada una de las conversaciones íntimas que han tenido. "Imagínese, el DAS ‘chuzándonos' a nosotros. Es el mundo al revés", dijo a este diario un hombre de la guardia pretoriana de la Presidencia. Y agregó: "Es gravísima la podredumbre del DAS. No puede ser que sigan sucediendo estas cosas, más graves aún si son magistrados los ‘chuzados'".
Se dice que el presidente Uribe les dio “otro jalón de orejas a los militares”. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de “lunares” que no manchan por entero a la institución militar. Y el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que hubo “fallas cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública”.
“Fallas, jalón de orejas, lunares”, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.
Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un “jalón de orejas”, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de “limpiar” los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.
Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados “falsos positivos” (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.
Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.
Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, “jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares” de una institución intocable y ejemplar.
“Fallas, jalón de orejas, lunares”, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.
Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un “jalón de orejas”, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de “limpiar” los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.
Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados “falsos positivos” (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.
Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.
Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, “jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares” de una institución intocable y ejemplar.
LA DOSIS PERSONAL "MARIHUANA"
El decreto 701 de 1976 cuantifico la dosis personal de marihuana en 28 gramos y la de hachis en 10 gramos, pero el consejo de estado anulo esa disposicion. posteriormente la corte suprema de justicia revivio jurisprudencialmente los 28 gramos de marihuana como dosis personal.
Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de 20 gramos; y la de hachis que no exceda de 5 gramos ya sea de cocaina o de cualquier otra sustancia que sea a base de cocaina, o metacualona.
Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de 20 gramos; y la de hachis que no exceda de 5 gramos ya sea de cocaina o de cualquier otra sustancia que sea a base de cocaina, o metacualona.
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